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Antich pide aplicar variables más reales a la hora de calcular tasas de criminalidad

 

Antich comissió senat

El senador del PSOE explica que el enorme incremento de la población y de la actividad económica en Illes Balears en la temporada turística provoca un aumento de las tasas de criminalidad de los que se extraen unos datos distorsionados que dañan la competitividad de las islas.

El senador socialista por la Comunidad Autónoma de Illes Balears, Francesc Antich, reclamó esta tarde en la Cámara Alta la necesidad de proponer cambios en la metodología o fórmula del cálculo de las tasas de criminalidad, introduciendo los coeficientes correctores necesarios con el objeto de que esta tasa refleje realmente la incidencia de las infracciones penales sobre el ámbito real de población afectada y no sobre cifras únicamente de padrón de población, con el consiguiente aumento de la fiabilidad y credibilidad de los datos estadísticos. La propuesta, materializada en una moción, fue debatida en la Comisión de Interior del Senado y finalmente rechazada debido al voto en contra del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara.

Antich explicó que las tasas de criminalidad de 2011 presentadas por el Ministerio del Interior en relación a Illes Balears son engañosas. Según los datos que maneja el Gobierno, la Comunidad Autónoma de Illes Balears vuelve a situarse en los primeros puestos, solo por detrás de Ceuta, con 66,9 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, 18,5 puntos más que la media nacional que es de 48,4.

El parlamentario del PSOE indicó que estos datos se extraen en base a dos variables básicas: una, de carácter demográfico y otra, de tipo socioeconómico. En este sentido, aclaró que la experiencia y la observación confirman que, a mayor concentración o densidad de población en un territorio, situación que se produce en las zonas de actividad turística intensiva como Baleares, se corresponden índices de criminalidad comparativamente mayores. También apuntó que en los territorios de mayor complejidad, intensidad o dinamismo económico, características que incrementa el fenómeno turístico, es donde se observan tasas de criminalidad relativamente más altas.

Francesc Antich destacó que, teniendo en cuenta estos dos factores, es fácil comprender las diferencias entre las tasas de criminalidad de unas comunidades y otras, sobre todo cuando ambas variables (la de tipo socioeconómico y la de tipo demográfico) coinciden en un mismo territorio.

A continuación, Antich destacó que, en el caso de Baleares, es muy cuestionable y mejorable la fórmula simple de relacionar la cifra de infracciones penales con la cifra de población censada para la obtención de la tasa de criminalidad. El senador socialista explicó que en 2011 Illes Balears contaba con una población de 1.113.114 habitantes y que ese mismo año la cifra de llegadas turísticas fue de 12.319.334 (9.974.430 internacionales y 2.344.904 domésticas), según datos del Observatorio de Turismo de Illes Balears y del IET.

Seguidamente, matizó que el 65% de las visitas turísticas se concentraron en los cuatro meses de temporada alta y que un porcentaje semejante del total de infracciones penales se concentraron también en este período. "En muchas poblaciones de Mallorca y Eivissa y Formentera, puntualizó, se dobla y triplica la población censada durante los meses de plena actividad turística".

Francés Antich indicó que estas cifras ponen de manifiesto el relativo valor que hay que dar a la tasa de criminalidad en Illes Balears tal y como está actualmente concebida. Antich explicó que si la pretensión de la misma es comparar el total de infracciones penales con la población potencialmente víctima de un delito o falta, en el caso de Balears esta pretensión deviene en fallida, ya que este ámbito subjetivo de afectación no puede ser únicamente el de la población censada sino el de población real.

A su juicio, el suministro de datos que no reflejan la auténtica situación de seguridad causa un perjuicio a los ciudadanos porque distorsiona el derecho a la información veraz de la que son acreedores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque rebaja el valor de la estadística como herramienta de la mejora de la eficiencia y al Gobierno pues le suministra datos erróneos al utilizarlos como instrumento para el diseño de políticas públicas. De esta manera, afecta a la competitividad de la Comunidad Autónoma ya que el 60% de su PIB depende del turismo.

El parlamentario del PSOE concluyó subrayando que estos datos distorsionados causan "un daño difícilmente reparable a la imagen de una Comunidad Autónoma turística como la de Illes Balears, donde cualquier información que sobredimensione el fenómeno delincuencial afecta de manera extraordinaria a la percepción de un elemento como es el de la seguridad muy sensible en la valoración del turista a la hora de elegir su destino". "Y todo ello, pese a que se hayan reducido los delitos y faltas desde el año 2002, en el que se contabilizaron 84.093, hasta 2010, con 70.162", apostilló el senador balear.

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