Artículo del diputado socialista por Balears, Pablo Martín Peré.

Las modificaciones de algunas de las principales leyes atinentes a la Administración de Justicia han sido catalogadas por algunos como "contrarreforma". El vocablo es acertado por varios motivos: en primer lugar por la suerte de cruzada religiosa en la que parece haberse embarcado Alberto Ruiz Gallardón para su cometido, al impulsarla con fervor fanático; en segundo lugar, porque el término significa una reacción contraria a una anterior, en este caso, la reforma llevada a cabo por los gobiernos antecesores y, especialmente, el de José Luís Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, a mí me parece más correcto agrupar las citadas reformas con la palabra "involución". Involución porque sus propuestas suponen un retroceso en derechos adquiridos, como sucede con su propuesta de modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Involución porque su concepción de la justicia se aleja de la visión de servicio público que permite mayor cohesión social y se acerca de manera vertiginosa a un modelo de servicio privado en el que el acceso a la misma depende del tamaño de la cuenta corriente de uno mismo. Involución, también, porque se rompe con una amplia trayectoria de consensos en asuntos y leyes claves para la Administración de Justicia como las reformas propuestas para el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ahora bien, del actual ministro se comenta que no da puntada sin hilo. Y los hechos actuales parecen dar la razón a esta afirmación. El control que ahora mismo ejerce el Partido Popular de las principales administraciones del Estado solamente ha podido ser contrarrestado a través de los tribunales. Los numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados ante su reforma laboral, la ley de tasas jurisdiccionales y los que se interpondrán contra la Ley de Costas o la LOMCE, suponen el último escollo para la imposición definitiva de su modelo económico, social y político.

Precisamente por ese motivo, el objetivo es acometer una reforma del Consejo General del Poder Judicial que permita mayoría de jueces y magistrados adscritos a la agrupación principal judicial, de carácter conservador; por esa razón se modifican leyes que dificulten el acceso de los ciudadanos a la propia Administración de Justicia; se despenaliza prácticamente el delito de defraudación fiscal al tiempo que se acomete con una amnistía en la materia y se profundiza en el concepto de Günther Jakobs de derecho penal del enemigo, abandonado la posibilidad de reinserción social para los delincuentes de determinados delitos.

El Partido Popular tiene ahora mismo controlados los poderes ejecutivos nacional, mayoritariamente autonómicos, locales y los parlamentarios. Solamente escapa a su control total el poder judicial, el último de los 3 poderes del Estado. En consecuencia, según su concepción del poder, las medidas tienen un objetivo muy concreto, tal y como he mencionado anteriormente.

La función de la Justicia en un Estado democrático es la de dotar de cohesión, equilibrio y seguridad jurídica a las sociedades que los conforman. Su carácter vertebrador permite establecer una igualdad que no siempre se consigue con la promulgación de las leyes, sino que estas deben ser interpretadas y aplicas por los juzgados y tribunales de Justicia. Si se resquebraja el último garante de la legitimidad del Estado de Derecho, si se socavan sus cimientos, se acomete un golpe de muy difícil reparación a corto o medio plazo contra el mismo.

Es necesario que desde todos los ámbitos del mundo de la Justicia se continúe mostrando la oposición a estas medidas que tanto se alejan del concepto consagrado en nuestras leyes y jurisprudencia. También desde el político, por supuesto. Es imprescindible volver a la senda del consenso y promulgar las leyes buscando el beneficio del administrado y no el del administrador.