Recrimina al Ejecutivo del PP que haya impulsado una "recentralización por la puerta de atrás", su desprecio por los Estatutos de Autonomía y el mensaje cifrado que han trasladado de culpabilidad y desprestigio de las Comunidades Autónomas

Madrid, 4 de noviembre de 2013.- El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y senador por la Comunidad Autónoma de Illes Balears, Francesc Antich, intervino esta tarde en la Cámara Alta y acusó al Gobierno de aprovechar la crisis para reducir la autonomía política de las Comunidades Autónomas. Antich intervino durante la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría y comenzó subrayando que, a pesar de las reformas y los recortes, los datos macroeconómicos señalan que tenemos más déficit, más deuda y más paro. También destacó que las reformas están afectando de forma muy seria a los dos grandes temas que garantiza la Constitución: el estado social y de derecho y al estado de las autonomías.

Seguidamente, hizo hincapié en los 14 recursos de inconstitucionalidad presentados por su grupo parlamentario y los distintos recursos presentados por algunas Comunidades Autónomas y se refirió a los efectos sobre el Estado de las autonomías. De esta manera, puntualizó que "aprovechando la crisis, se está reduciendo drásticamente la capacidad política de las Comunidades Autónomas. Se está produciendo una avalancha de normativas que chocan claramente con la distribución competencial vigente, afectando a los principios de auto organización, de suficiencia y de capacidad financiera, y a distintas competencias de las Comunidades Autónomas. Se trata, en definitiva, de una recentralización hecha por la puerta de atrás". En este sentido, el parlamentario del PSOE citó la singular aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, que está dejando en entredicho los principios de suficiencia y de capacidad financiera de las Comunidades, a través de mecanismos que las hacen absolutamente dependientes del Gobierno del Estado, como lo son el Fondo de liquidez autonómica o el Plan de pagos a proveedores, en vez de buscar otros como, por ejemplo, los hispanobonos que les permitan mayor independencia y capacidad.

A continuación, Francesc Antich apuntó las medidas que están asfixiando a las Comunidades, como lo son que de las posibilidades de déficit que da Europa, el Estado, de forma desmesurada, se queda con la mayor parte, dejando una ínfima participación a las Comunidades, a pesar de que estas gestionan materias tan relevantes como la educación, salud o servicios sociales, dando como resultado unos objetivos muy difíciles de cumplir por parte de éstas, obligándolas a recortes muy relevantes de los servicios básicos. "Esta asfixia, matizó, también se produce por la bajada, año tras año, de las transferencias de los presupuestos consolidados, por el no adelanto del fondo de competitividad, por los conflictos creados en cuanto a la capacidad impositiva de las Comunidades, como ha acaecido con el impuesto sobre entidades financieras. Asfixia, también por el incumplimiento en materia de inversiones de los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura y Aragón".

Francesc Antich criticó el desprecio del Ejecutivo del PP por los Estatutos de Autonomía de los territorios, aprobados en las Cámaras Autonómicas y en las Cortes Generales, y algunos de ellos por referéndum. "Desprecio que ha hecho que ni tan siquiera se diera la más mínima negociación sobre la posibilidad de prorrogar los plazos de inversiones que figuran en los Estatutos, ejecutándose una eliminación absolutamente unilateral y tratando a las Comunidades como si fueran simples delegaciones del Gobierno Central", apostilló.

Antich indicó que "se ha establecido una verdadera tutela financiera sobre las Comunidades, que hacen que el Estado se reserve medidas preventivas, correctivas y coercitivas, entre otras, en cuanto a operaciones de endeudamiento, flexibilización del déficit, suscripción de convenios o subvenciones, planes económico financieros, objetivos de estabilidad y de deuda, y en la fijación de la prioridad absoluta en el pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Todo ello, unido a un mensaje de culpabilidad y de desprestigio de las Comunidades que, bajo la idea de que la descentralización ha llegado demasiado lejos o que se ha derrochado, reduce la autonomía política a una autonomía tutelada de gestión o administrativa. Una valoración que sin complejos, figura incluso en algunas normativas, como el decreto 16/2012 de 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, o en el Programa de estabilidad del Reino de España 2012-2015, enviado a la Unión Europea, en el que se atribuye a las Comunidades más de dos tercios de la desviación presupuestaria y de falta de transparencia en sus cuentas".

El senador balear aseguró que "esta avalancha de normativas afectan a competencias propias de las comunidades autónomas, en materia de salud, de educación y que, en vez de apostar por mayor capacidad y corresponsabilidad, dotando de medios a las autonomías, imponen mecanismos que parece, tienen el interés, en convertirlas en simples sucursales administrativas del Estado, reduciendo su capacidad política".

En otro orden de cosas, abordó la relación del Gobierno con las Cortes Generales, mostró su preocupación por el abuso que está haciendo el Ejecutivo de los Decretos Leyes y recordó la promesa del PP de "revitalizar el Parlamento y recuperar el sentido constitucional del decreto-ley". En este punto, detalló a la Vicepresidenta que "en lo que llevamos de legislatura se ha utilizado esta figura en 42 ocasiones. De las 42 ocasiones, la última aún no ha sido tomada en consideración en el Congreso, y por lo tanto quedan 41 decretos leyes convalidados. De estos 41 decretos leyes, 29 no se han tramitado como proyecto de ley y 12 sí, lo que significa que el 70'73% de los decretos leyes no pasan por el Senado, con lo cual se está impidiendo que una gran parte de la legislación que impulsa este Gobierno ni siquiera pase por la Cámara Territorial".

Además, puntualizó que con respecto de las normativas con incidencia autonómica que sí se ven en el Senado, hasta ahora solo la LOMCE, y a petición de la oposición, ha sido informada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas. "Una Comisión, actualmente la única cara territorial del Senado, que en lo que llevamos de legislatura se ha reunido una sola vez". En relación a esta Comisión también apuntó que existe acordada una comparecencia del Presidente del Gobierno para informar sobre las líneas generales de la actuación del Gobierno respecto al desarrollo del modelo territorial español, y, a pesar del tiempo que hace que está acordada, no se ha celebrado, así como tampoco las comparecencias solicitadas a distintos ministros de Hacienda, Fomento, Sanidad, Justicia, etc., lo que impide a la Cámara alta ejercer su función territorial.

A continuación, recriminó a los populares que "esta no es la manera de revitalizar el parlamento, y, además, es incongruente con el trabajo que está haciendo la Ponencia para reforzar las funciones del Senado como Cámara Territorial".

En lo referido a la memoria histórica, Francesc Antich indicó que ha habido un "absoluto incumplimiento" de la ley incluso en los asuntos que el PP decía que estaba de acuerdo, como las exhumaciones. A continuación, detalló que en el año 2012 el PP disminuyó la partida destinada a la aplicación de la Memoria Histórica un 60%, pasando de 6'2 millones de euros a 2'5 millones. Antich concluyó recalcando que en el año 2013 se presupuestaron cero euros, manteniendo la partida y la promesa de que tenían la voluntad de seguir aplicando la ley cuando hubiera dinero para ello pero que en 2014 ya, directamente, parece que se ha eliminado la partida