Al amparo de la crisis, el Gobierno Central impulsa una avalancha de normas que están socavando la capacidad política a las Comunidades Autónomas, 

ya sea, indirectamente, mediante su asfixia, por una peculiar forma de imponer el principio de estabilidad presupuestaria o, directamente, por una invasión, sin complejos, de sus competencias. Quienes no quieren reformar la Constitución para profundizar en el Estado Federal están modificando, por la puerta de atrás, la estructura del Estado de las Autonomías, su distribución competencial o los principios de suficiencia financiera o de auto organización, propiciando una verdadera recentralización. Un vaciado de contenido político de la estructura territorial que pretende convertir a las Autonomías en simples delegaciones administrativas o de gestión. Prueba de ello son la multitud de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad presentados por la oposición y las Comunidades.

Mecanismos como los Fondos de Liquidez o el Plan de pagos a proveedores a los que las Autonomías, dada su situación, se ven obligadas a acudir, crean una dependencia absoluta de las Comunidades respecto del Gobierno Central, sin que éste haya querido facilitar otros instrumentos como los hispano bonos, que les darían mayor autonomía. Lo que el Gobierno no admite y discute a Europa, lo aplica a los territorios.

La imposición de un sinfín de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que conllevan los nuevos mecanismos y la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria, fuerzan a una tutela financiera absoluta por parte del Gobierno. Tutela que no para de crecer; lo hizo recientemente con la creación de una Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal, absolutamente dependiente del Gobierno y solo independiente respecto de las Autonomías y de las Administraciones Locales. Una muestra más que refuerza la idea de que el PP, cuando habla de Estado, entiende Gobierno Central, y todo lo demás, Comunidades y entidades locales, es como mucho regional preferente, hablando en términos futbolísticos.

Medidas como el reparto de las posibilidades de déficit concedidas por la Unión Europea, que monopoliza el Gobierno Central, dejando una parte ínfima a las Comunidades, colocan a los territorios en una posición que hace prácticamente imposible que cumplan sus objetivos de déficit y que les obliga a recortar servicios públicos esenciales para la ciudadanía como la educación, sanidad, o servicios sociales, cuya gestión les compete a ellas y es parte muy relevante del total del estado del bienestar.

Asfixia que también se produce por la reducción, año tras año, de las transferencias de los presupuestos consolidados, por el no adelanto del fondo de competitividad, o por los conflictos creados ante la capacidad impositiva de las Autonomías, como ha acaecido con el impuesto sobre entidades financieras.

No menos importancia tiene el hecho de que el Gobierno Central incumpla los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura y Aragón respecto de las inversiones, en ellos, previstas. Nada menos que leyes orgánicas aprobadas en los Parlamentos Autonómicos, las Cortes Generales y, algunos, ratificados por referéndum. Un incumplimiento que no ha sido, ni tan siquiera, objeto de la convocatoria de las Comisiones bilaterales, ni se ha acompañado de ninguna propuesta de prórroga. Unas inversiones que, hay que recordar, se habían pactado, precisamente, para corregir deficiencias inversoras anteriores y en nuestro caso, además, derivadas de la compensación del hecho insular.

Una recentralización desde muchos ámbitos distintos, como es aprobar exenciones al impuesto de transmisiones patrimoniales, cuya recaudación está cedida a las Comunidades, sin que se cuente con su beneplácito, ni se acompañe de ninguna clase de compensación por lo que éstas dejarán de ingresar. Lo es también que el aumento de determinados impuestos cedidos compartidos solo beneficie a las arcas centrales, o que cuando proponen reformas de la administración, siempre acaben debilitando las estructuras de las entidades locales y autonomías, y por ejemplo mantengan una administración periférica que duplica servicios de competencia autonómica.

En cuanto a la invasión directa de competencias, de entre otras muchas, la actualidad nos sirve como ejemplo la LOMCE, un proyecto de ley que invade competencias en currículo, lengua, etc.

El ámbito territorial también se deslegitima mediante el abuso que se hace del decreto ley, lo que hace que una parte relevante de la legislación no pase por el Senado, Cámara territorial, según la Constitución. De los 41 decretos leyes convalidados, 29 no se han tramitado como proyecto de ley, lo cual quiere decir que el 70'73% de los decretos leyes no pasan por el Senado, a pesar de que mediante éstos se hayan regulado materias, por ejemplo, como la sanidad y la educación, de competencia directa de las autonomías. En cuanto a la legislación que sí pasa por el Senado, hay que señalar que la Comisión General de las Comunidades Autónomas que debe informar las normas de incidencia autonómica solo se ha reunido una vez en toda la legislatura, tramitándose muchas normas con incidencia territorial sin el informe del artículo 56, apartado b) del Reglamento de la Cámara alta.

Todo ello, acompañado de un mensaje de culpabilidad y de desprestigio de las Comunidades, bajo la idea de que la descentralización ha llegado demasiado lejos o del derroche, a pesar de que el déficit y la deuda total tengan mayoritariamente su origen en el Gobierno Central. Un mensaje que se ha publicitado, sin complejos, incluso en el preámbulo de algunas normativas como es el caso del decreto 16/2012 de 20 de Abril de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.