Artículo del senador por Illes Balears, Francesc Antich.

La Reforma de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por el Gobierno conservador español es un viaje al pasado, a tiempos en que la mujer no podía decidir por sí sola. A una sociedad donde lo religioso se confunde con lo civil, donde las convicciones morales de algunos se imponen a la ética social de todos. A un estado que pone a todos bajo sospecha y que hace del castigo norma redentora y directora de una sociedad débil y pecadora que necesita, no de un Estado de Derecho, sino de un Estado guía espiritual que con mano dura dirija hasta los actos más íntimos de las personas.

Estamos ante un bodrio que nos aleja incluso de la Europa conservadora y nos lanza en brazos de posturas radicales como la que lidera Le Pen. Hecho que no conviene perder de vista ante el inminente proceso electoral europeo.

El nuevo proyecto de Ley nos traslada, en la práctica, a aquellos tiempos en que las mujeres con recursos económicos abortaban con seguridad en el extranjero mientras que las que no los poseían se sometían a operaciones clandestinas e inseguras en el interior. Con un nítido mensaje implícito: el que quiera seguridad que se la pague.

La iniciativa del Gobierno sobre el aborto representa una muestra más del entusiasmo con que la derecha española utiliza la crisis para impulsar, por tierra, mar y aire, una segunda transición. Un sistema, a la vieja usanza, que deja claro que la posición económica es fundamental a la hora de marcar la igualdad y, por ende, la libertad de las personas.

Primero fueron los derechos sociales que, a caballo del principio Tacheriano del "no hay alternativa" aplicado por el luteranismo alemán, han sido desmontados por nuestros conservadores en el Gobierno, con rigurosa y eficaz aplicación, bajo el eslogan, marca España, del "no nos lo podemos permitir". Aprovechando una necesaria reestructuración, han ejecutado un cataclismo involucionista que nos traslada más allá de un pasado cercano, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los servicios arrasados fueron construidos en los inicios de la democracia con una renta per cápita muy inferior de la que actualmente gozamos. Todo ello acompañado por una centralización del estado de las autonomías, instituciones sobre las cuales han hecho recaer el mayor esfuerzo de lucha contra el déficit y de estabilidad presupuestaria, circunstancia que ha golpeado a servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, marcando una tendencia de que lo público debe ser más enclenque y la complementariedad debe depender del bolsillo de cada cual.

El aumento de tasas universitarias marca ya distancias entre españoles según su situación económica y los recortes sanitarios y de servicios sociales marcaran diferencias de esperanza de vida, como ya ocurre en los lugares donde se aplica la compraventa de éste tipo de seguridad.

Ahora toca el turno a las libertades, cuestiones como el aborto, la progresiva sustitución de las fuerzas públicas de seguridad por una reforzada seguridad privada, las multas desproporcionadas por ejercer derechos de protesta, la intención de regular a la baja el derecho de huelga, las enormes tasas judiciales inasumibles para muchos ciudadanos y que en la práctica constituyen una mordaza a la defensa de sus derechos, la reforma del Código Penal... son una muestra clara del hilo conductor ideológico de esta segunda transición que no es otro que sustituir protección por mando estricto y suplir lo público por lo privado. Su objetivo es cabalgar a lomos de la desigualdad y considerar que no hay más garantía de libertad y seguridad que el nivel económico, puro y duro, de cada cual. El dinero manda y sin dinero todo son vagos y maleantes; prueba de ello es que el Gobierno del PP despenaliza a los defraudadores de grandes sumas de dinero - si pagan lo que deben - pero persigue sin misericordia cualquier escamoteo de los trabajadores a la Seguridad Social por minúsculo que sea.

Todo ello bajo el corolario de unas cifras indecentes de paro, de un sistema de pensiones reformado a la baja y de una desproporcionada legislación laboral que, escorada hacia una de las partes, deja sin capacidad de negociación a la otra. Este conjunto crea una precariedad que, si ya era difícil de sobrellevar con unos servicios públicos garantistas y de cohesión, se hace imposible cuando la seguridad que estos ofrecían solo es posible previo pago.

No se trata de reformas improvisadas, ni de una respuesta a la crisis; muchas de las reformas nada tienen que ver con ella y los perjudicados no mejoran, siempre son los mismos. El resultado es el progresivo aumento la desigualdad: mientras la mayoría se empobrece, otros acumulan más fortuna. Y en medio, la nada; ni clase media ni garantías de cohesión ni de libertad. Parece, como dice Frank Rich, que "un grupo privado ha alquilado y reservado para sí el País del mañana". Por cierto, como pasaba con el país del ayer, como recordamos los que ya tenemos una cierta edad.

*Francesc Antich, Senador por Illes Balears.