Artículo de Pablo Martín Peré, portavoz socialista en la Comisión de Reglamento del Congreso de los Diputados.

En las tertulias políticas de cafetería de los aledaños del Congreso de los Diputados, es muy habitual una broma sobre el comienzo de cada legislatura: el candidato a la presidencia que no mencione la reforma del Senado y del reglamento del Congreso de los Diputados como objetivos de su mandato, es un fiasco.

No es para menos. Desde 1982 en que se aprobó el actual reglamento que continúa vigente, se han acometido 11 reformas parciales, pero el texto permanece fiel a su contenido inicial. Son ya 32 años estableciendo las normas de funcionamiento del debate parlamentario, algo estrechamente ligado a la forma de hacer política y al concepto que tenemos de democracia en este país.

Los cambios producidos desde entonces han sido enormes. Incluso si echamos la vista atrás un lustro, el uso masivo de las redes sociales ha supuesto un cambio irreversible en el modo en que se relacionan los ciudadanos con sus representantes electos. Hoy en día, cualquiera puede dirigirse a nosotros directamente e interpelarnos por lo que considere oportuno.

Es un contrasentido que si pretenden hacerlo de manera formal a través de los mecanismos que establece el reglamento del Congreso de los Diputados, sea mucho más dificultoso hacerlo. Además, la percepción de que todos podemos participar de un modo mucho más activo que votando cada cuatro años en los asuntos públicos, ha calado hondo.

Hoy en día, no nos conformamos con obtener algo de información a través de los medios convencionales, sino que queremos también compartir nuestra opinión y hacérsela llegar a todos los destinatarios a quienes pueda interesarles.

Por otra parte, la lacra de la corrupción que asoma por las alcantarillas de las instituciones y algunos partidos, ha acelerado la necesidad de apostar por la transparencia como principio irrenunciable.

Por eso la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados debe orbitar alrededor de: una transparencia informativa absoluta para los ciudadanos y los miembros de la cámara, una mayor eficiencia, la introducción de mecanismos de participación ciudadana y, por último, potenciar la función constitucional de control al Gobierno por parte de la oposición.

Probablemente nos quedan pocas oportunidades para recuperar una parte del respeto y la credibilidad perdidos ante los ciudadanos, esenciales en una democracia y no podemos renunciar. Si no somos capaces de conseguir que el Parlamento sea apreciado como la caja de resonancia de las cuestiones que afectan a las personas, no tiene ningún sentido escenificar algo que no va a ir a ninguna parte.

Porque el modo en que funcionamos, el modo en que nos organizamos, las reglas del juego que adoptamos constituyen una declaración de principios sin duda alguna. Si decidimos ser transparentes, abiertos, participativos y respetuosos, estamos elevando esos valores como objetivos a reivindicar y por los que luchar al resto de la sociedad.

El proceso de reforma que acabamos de iniciar ha de ser capaz de situarse por encima de siglas y de intereses temporales. Creo que todos los grupos políticos tenemos muy clara la premisa de que no podremos aprobar todo lo que todos proponemos, pero que a través del acuerdo y la negociación seremos capaces de dotar a la cámara baja de un funcionamiento acorde con los retos que hoy plantea un mundo abierto y muy distinto al de hace 32 años.

La reforma del reglamento del Congreso de los Diputados es, en definitiva, la reforma de la política. De una forma de hacer política en la que las mayorías absolutas no se utilicen de manera absolutista; en que la transparencia impida comportamientos inaceptables para nuestra sociedad; donde todos nos sintamos partícipes de los asuntos que se tratan y, finalmente, su organización sea dinámica.

Tras muchos intentos infructuosos para modificarlo, somos conscientes de que no es una tarea sencilla. Pero ninguno de nosotros debería entonces participar de la política, si es incapaz de afrontar los retos que nos plantea el escenario político actual.

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