Pablo Martín: "Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial efectiva, tal como recoge el artículo 24.1 de la Constitución Española".

Los diputados socialistas en el Congreso han presentado una Proposición No de Ley para solicitar la retirada de la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta que ha publicado en su página web el Ministerio de Justicia.

"Hace ya meses que el ministro de Justicia planteó en sede parlamentaria la necesidad de reformar la demarcación y planta judicial, a forma de globo sonda, y que después se ha concretado en esta propuesta concreta de reforma de la Ley", explica Pablo Martín. Posteriormente, el ministro ha dicho que no suprimirá ninguna sede judicial, lo que es totalmente contradictorio con el actual proyecto de reforma, que a mediados de agosto sigue publicado en la web del Ministerio.

"La propuesta del Ministerio sigue la senda de otras reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno y que, como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas", ha opinado el diputado socialista. "Con la única excusa de un supuesto ahorro económico, reducen la administración que atiende a los ciudadanos y aspiran, en última instancia, a desmantelar los servicios públicos", apunta.

Los socialistas instan en su PNL a elaborar una nueva propuesta que tenga en cuenta las distintas competencias y la realidad de los territorios afectados, con especial atención a la insularidad, con los obstáculos de desplazamiento, tiempo y coste que conllevaría. "Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial efectiva, tal como recoge el artículo 24.1 de la Constitución Española", apunta Martín.

En concreto, piden los diputados que se mantengan los actuales partidos judiciales de Inca, Manacor, Maó, Ciutadella y Eivissa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Los diputados señalan que, de aplicarse la reforma tal cual está publicada en la actualidad, Illes Balears sería una de las comunidades autónomas más afectadas. Por ello, opina Martín que el Govern de les Illes Balears debería alzar la voz y asegurarse que no se llevará a cabo ninguna propuesta que no cuente con la aprobación de los afectados.