El senador socialista Francesc Antich ha presentado esta tarde una moción para que el Gobierno inicie los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco por vulnerar la Constitución, la Ley de Fundaciones y la Ley de Secretos Oficiales y la normativa sobre la custodia de documentos públicos, por promover valores contrarios a los derechos humanos y por ensalzar la figura de un dictador ajeno a los valores democráticos.

Tras el debate de la propuesta ha afirmado que "al igual que en Alemania es impensable que exista una Fundación Adolf Hitler, aquí tampoco será posible que exista una Fundación como la Francisco Franco". El Grupo Popular impuso su mayoría absoluta en la Cámara Alta y logró que la iniciativa fuera rechazada.

A través de la moción, Antich solicitaba a los servicios jurídicos de la Administración General del Estado que informen sobre si la Fundación Franco es acorde con la legalidad vigente y cumple con la ley de Fundaciones, con la Constitución y con la Ley de Memoria Histórica.

El senador balear reclamaba que, ante los previsibles incumplimientos legales de la citada fundación, se proceda a realizar los trámites necesarios para impulsar la extinción de la Fundación y declarar ilegales las asociaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo.

Francesc Antich ha explicado que esta Fundación, que defiende el PP, tiene por fin la exaltación y el enaltecimiento del Dictador Francisco Franco y se ha dedicado a vejar a las víctimas de la dictadura, a negar los crímenes franquista, a ofrecer asesoramiento a los Ayuntamientos para que incumplan la denominada ley de Memoria Histórica y a hacer apología de una dictadura que propició multitud de transgresiones e infracciones de los derechos humanos.

Antich ha aclarado que "no puede considerarse acorde a la Constitución ni a la Ley de Fundaciones" porque no persigue ningún interés general y sus objetivos van en contra de lo que promueve la Ley de Fundaciones como la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional, la promoción de los valores constitucionales, la defensa de los principios democráticos

A continuación, se ha preguntado "cómo puede ser posible que si la Ley de Memoria Histórica ordena la retirada de símbolos y monumentos que hacen apología o exaltación del Franquismo, permitamos la utilización, en fraude de ley, de la figura de la Fundación para impulsar unas finalidades que chocan claramente contra el interés general y hacen apología de un régimen que vulneró de forma sistemática los derechos humanos y que exalta un régimen dictatorial contrario al sistema democrático. En definitiva, se trata de un régimen golpista que fue el causante de una de las peores épocas de la historia de España".

Francesc Antich también ha señalado que la Fundación Francisco Franco no ha entregado la documentación clasificada que está en su haber y que está obligada a entregar a las autoridades según la ley de Secretos Oficiales de 1968 y ha recordado que la Ley habilita al Gobierno para promover las acciones penales, las medidas disciplinarias y los expedientes administrativos pertinentes para hacer cumplir la ley.

Al finalizar el debate ha denunciado que "no parece lógico que en el siglo XXI se siga permitiendo dicha anomalía, o sea que una fundación privada, financiada con ayudas públicas durante la presidencia de Aznar, siga custodiando documentación pública, que nadie explica cómo es posible que este en su haber y que todo indica que lo está gracias a una transgresión o vulneración del buen funcionamiento de las Instituciones, valiéndose del poder que se tenía en un determinado momento".