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25 años de sanidad universal en España: presente y futuro (sin copago)

Una conquista del PSOE

Artículo de Marisol Pérez Domínguez, secretaria de Bienestar Social, en el 25º aniversario de la Ley General de Sanidad

El 25 de abril se cumplen 25 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), por la cual se crea nuestro Sistema Nacional de Salud, promovida por el entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch, brutalmente asesinado por ETA unos años más tarde. Es, sin ninguna duda, una de las leyes clave de nuestra democracia y uno de los legados más importantes del Gobierno de Felipe González.

Esta Ley puso en marcha la reforma y modernización de la sanidad, trascendental para asegurar el papel de pilar fundamental del Estado de Bienestar, que se quería que desempeñase el sistema sanitario para los españoles, cuyo objetivo prioritario era sustituir la caridad por derechos sociales, vinculando la protección sanitaria a la condición de ciudadano por el mero hecho de serlo.

Los socialistas, 25 años después -en los que hemos pasado de “la beneficencia y de las igualas” que recordarán los más mayores, a los modernos Centros de Salud y los Hospitales de Alta Resolución-, nos conjuramos en la defensa del Sistema Nacional de Salud, situándonos frente a un PP que disimula mal su posición de hacer pagar a los ciudadanos dos veces por la atención sanitaria a través del llamado copago.

Estos días vemos un debate público en torno a la supuesta necesidad de introducir medidas de copago, reavivado por declaraciones de políticos del PP, cargadas de segundas intenciones y sin acabar de concretar, es decir, “tiran la piedra y esconden la mano”, creando preocupación a los ciudadanos. No sabemos qué es lo que oculta el programa del PP, pero sí sabemos qué quieren: que los españoles paguemos por la sanidad y perdamos unos derechos conseguidos con el esfuerzo de todos.

También sabemos el deterioro sanitario que se está produciendo en las comunidades donde gobierna el PP: como en Galicia, donde están reduciendo las prestaciones sanitarias (número de radiografías durante el embarazo, recortes en material sanitario, eliminación de 427 medicamentos, cierre de los quirófanos por las tardes, elevando así las listas de espera), o en Madrid (donde también están haciendo continuos recortes reduciendo pruebas diagnósticas, el 40% de los servicios de ambulancia, etc) o en Valencia (donde la privatización es una de las señas de identidad del PP, siendo estas dos últimas comunidades las que menos gastan en sanidad).
Lo que hace el PP en las CC.AA. donde gobierna es dar pasos atrás. Yo me pregunto: ¿la agenda oculta que tiene el PP es que quieren volver a la situación anterior a la aprobación de la Ley General de Sanidad, en la que muchos españoles estaban excluidos de una sanidad pública?, ¿una sanidad para pobres y otra para ricos? Yo creo que sí. La sanidad pública no es una de sus prioridades.

La realidad de los gobiernos del PP nos conduce a la privatización de los servicios públicos, porque no creen en el Estado de Bienestar. Quieren acabar con la sanidad como servicio público universal y gratuito. No olvidemos que la aprobación de la LGS en 1986 se hizo sin el apoyo del PP, -entonces AP-, que votó en contra.

Quiero recordarle al PP que los españoles ya pagan por la sanidad a través de sus impuestos, en base al principio de progresividad fiscal (contribuyendo con sus impuestos quien más gana y usa el sistema el que más lo necesita). Así como también por los medicamentos –el 40%-. El gran riesgo del copago que anuncia el PP es que extendería la desigualdad entre los españoles. El copago generaría desigualdades y rompería la equidad, afectando especialmente a las capas de población con pocos recursos y con mayores problemas de salud (ancianos, pensionistas y enfermos crónicos), los que más usan los servicios de salud por sus necesidades.

Hay muchas medidas que se pueden tomar antes de recurrir al copago. Los socialistas hemos optado por seguir apoyando el futuro de un sistema público y universal que pusimos en marcha hace 25 años. Estamos impulsando medidas que mejoren la financiación y los cambios organizativos precisos del sistema sanitario, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema, sin que eso recaiga en el bolsillo de los ciudadanos doblemente. Nuestro SNS es un patrimonio de todos los ciudadanos y como tal debemos cuidarlo y seguir trabajando para su sostenibilidad, sobre la base de sus principios básicos, como la solidaridad, universalidad, equidad, efectividad y de carácter público.

Ante los que proponen menos servicios públicos para dejar todo en manos del mercado, los socialistas apostamos por servicios públicos más potentes, mejor dotados y más eficaces, como elemento intrínseco de la justicia social que defendemos.

Veinticinco años después hacemos honor a lo que fuimos y a lo que somos. Seguimos avanzando en la sostenibilidad y en el funcionamiento eficiente del sistema sanitario público, al tiempo que cerramos nuestro desarrollo legislativo: el Parlamento trabaja en la tramitación del Proyecto de Ley de Salud Pública y en unas semanas está previsto que el Gobierno presente el texto de la Ley de Universalización de la Sanidad, que ampliará la cobertura sanitaria pública a una minoría de ciudadanos que por distintas circunstancias estaban excluidos del sistema. Con estas leyes se completará el requerimiento contenido en la Constitución Española y en la Ley General de Sanidad. Lo haremos, es de esperar, con el concurso de todos, pero de nuevo, 25 años después será un Gobierno socialista quien siga trabajando por mejorar nuestro Estado de Bienestar y la salud de los ciudadanos y ciudadanas.

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