Artículo del senador por Balears Francesc Antich

Hace unos meses defendí en el Senado que el Gobierno de España instase a la Unión Europea a que, en desarrollo de su derecho primario (artículo 158 del Tratado de Lisboa), aprobase un programa legislativo específico y estable para las islas.

Para ello pedía que la Unión definiera la insularidad, abordando la cohesión desde una dimensión más amplia que la de medir el PIB por habitante y dando así respuestas a elementos clave como lo son el aislamiento, la limitación de los recursos humanos o naturales, el pequeño tamaño de su mercado y, en términos generales, a todo tipo de interferencias sociales, económicas, culturales y medioambientales que afectan a las islas.

Además solicitamos que se desarrollen medidas estables, desde el punto de vista económico, que, con apoyo de instrumentos específicos de financiación y con mayor participación en los fondos europeos, hagan que las disposiciones comunitarias relativas a las ayudas de Estado con finalidad regional y la fiscalidad se adapten a las especificaciones de las islas y faciliten una mejor compensación de las desventajas o sujeciones permanentes derivadas de la insularidad.

Todo ello teniendo especialmente en cuenta materias como el transporte, la energía, el medio ambiente, el sector turístico, el sector primario, el tejido empresarial, el patrimonio cultural, el I+D+i, etc.

La moción solicitaba además que se tuvieran en cuenta la doble y triple insularidad, y también la modificación de la distancia establecida que injustamente deja a Baleares fuera de juego en cuanto a la cooperación transfronteriza,.

La verdad sea dicha: la moción tuvo poco éxito ya que la mayoría absoluta del PP la desechó.

Con la misma idea, hace poco, defendí en el Senado que, a tenor de la negociación europea del nuevo periodo de los fondos para la Política Agraria Común, el Gobierno Español solicitase de Europa un régimen específico y estable para las islas. Por desgracia la moción naufragó, también, ante la negativa del grupo mayoritario del Partido Popular.

De nada sirvió explicar que el hecho insular afecta muy negativamente a los precios de venta de las producciones agrarias y a la adquisición de las materias necesarias para producir, ni que se acompañasen estas explicaciones con datos sobre las diferencias de precios con el continente de los piensos, del gasóleo, o los fertilizantes, o, por ejemplo, en la venta de ganado vacuno o la leche. Tampoco interesaron las reducciones de renta agraria de las Islas Baleares respecto de la península. Ni tan siquiera tuvo ningún efecto que el Parlamento de las Illes Balears, por unanimidad, con mayoría absoluta conservadora, hubiese aprobado una petición semejante o que el Govern conservador de les Balears lo exigiese, a su vez, ante las instancias europeas y españolas.

En definitiva, ningún interés por parte del Gobierno de España en exponer ante Europa que la mayoría de fondos europeos, incluida la PAC , se calculan con parámetros y criterios continentales poco adecuados cuando se aplican a las islas y, en consecuencia, representan un tracto absolutamente desigual hacia nuestras organizaciones agrarias, así como de otros muchos colectivos, instituciones y materias.

Todo ello vaticina malos presagios cuando en 2014 terminan las inversiones del Estado derivadas de los acuerdos del Estatuto de Autonomía (ya desaparecidas de hecho) que duraban siete años, sin que desde el gobierno se haya asegurado su prórroga. Tampoco se ha iniciado la modificación de la Ley de Régimen Especial para la creación de un sistema de financiación distinto del general de las Comunidades Autónomas, que recoge el Estatuto para compensar la insularidad.