Artículo de Francesc Antich, Senador por Illes Balears.

Con una recaudación de tercera no es posible mantener un estado del bienestar de primera. Y sin estado del bienestar de primera - sin sólidas políticas de educación, salud, servicios sociales... - no hay redistribución sólida y se fomenta la desigualdad. Incluso en plena burbuja inmobiliaria, la recaudación en España, en porcentaje del PIB, se encontraba por debajo de la media europea para casi todas las partidas de ingresos a excepción del Impuesto de Sociedades y los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En el año 2007, punto álgido de la burbuja, España obtuvo el mayor nivel de ingresos como porcentaje del PIB, un 41,1%. Estos ingresos de esfumaron tan pronto como estalló la burbuja, y en el 2009, los ingresos públicos alcanzaron el mínimo de 35,1% del PIB, un derrumbe de 6 puntos del PIB que no ocurrió en ningún otro país de la UE, donde la caída media fue solo de 0,5 puntos. La media de ingresos públicos para la UE-27 en el 2012 fue del 45,4% del PIB, año en que España se quedó en el 37,1% del PIB.

A esta realidad hay que añadir el hecho grave que significa que la recaudación obtenida por el Estado en sí misma, por la forma y modo como se lleva a cabo, y por tanto por sobre a quién afecta, es ya de por si un ejercicio de desigualdad.

Un ejemplo meridianamente claro de todo ello es lo que sucede con el IRPF, que aporta más de un 40% de los ingresos tributarios del Estado. Del total de su recaudación, el 85% deriva del gravamen a los rendimientos del trabajo, frente al 8% que proviene de las rentas del capital y el 7% de los beneficios y actividades empresariales y profesionales. Situación favorecida por toda una serie de instrumentos de elusión como las sociedades de capital variable y las entidades de tenencia de valores extranjeros, utilizadas por grandes patrimonios y empresas para reducir sus aportaciones o demorar in eternum la factura fiscal.

Tampoco ayuda el creciente papel que se está dando a los impuestos indirectos, fomentados por el FMI, por la Unión Europea y por el Gobierno de España, elementos claros de regresividad, que suponen mayores esfuerzos para las clases medias humildes, y que se han aumentado, durante la crisis, para obtener mayores ingresos.

Dicha situación se agrava a través de múltiples realidades, como que se permita a los residentes de paraísos fiscales adquirir deuda pública sin retenciones, o que la Agencia Tributaria destine la mayor parte de su trabajo a la comprobación de las discrepancias respecto de lo declarado por las rentas del trabajo y empresas, y muy poco tiempo y recursos en la investigación de las bases que no declaran, y en el control de las grandes empresas y fortunas, al que solo destina un 20% de su plantilla, a pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude, tal y como vienen criticando los técnicos de hacienda.

En realidad, en vez de poner orden e ir hacia un sistema más justo, en el que se aplique progresividad y alcance a todos, el Gobierno toma medidas en sentido contrario como la amnistía fiscal para los defraudadores o la despenalización de las defraudaciones que no lleguen a 120.000 euros. Todo ello en un marco de recortes de derechos sociales y laborales que están empobreciendo a la gran generalidad de la población y aumentando la brecha entre ricos y pobres de forma alarmante.

Ante tal panorama, la reforma fiscal que anuncia el gobierno es una cuestión mayor, la asignatura pendiente para dotarnos de un motor con caballos suficientes para tirar del sistema; pero, a la vez, es de primer orden para fijar con justicia de qué espaldas vamos a sacar el combustible. La igualdad y la cohesión se consiguen redistribuyendo mediante gasto, pero también con un sistema impositivo progresivo, donde pague más el que más tiene. Hoy no es así, y un gobierno neoliberal como el que tenemos hace albergar pocas esperanzas de que cambie, al menos a mejor, vistos los precedentes y algunos anuncios.