El presidente y el Consejo de Transparencia deberían contar con una mayor independencia y más facultades porque es un instrumento político y democrático de primer orden y su ejercicio y desarrollo no puede depender de mayorías coyunturales.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional y senador por la Comunidad Autónoma de Illes Balears, Francesc Antich, ha subrayado en el debate del proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se trata de "una ley necesaria pero insuficiente e incompleta". A su juicio, es una herramienta imprescindible para mejorar el funcionamiento de las instituciones y de la política y para dificultar la corrupción, que debe facilitar y restablecer la relación de confianza de la ciudadanía con las instituciones, en unos tiempos en que esta confianza no pasa, precisamente, por los mejores momentos, y en la gente ha aumentado sus exigencias de control y de participación.

Sin embargo, ha puntualizado que "no hemos apurado lo suficiente con la ley" porque se deja fuera de la aplicación de la misma ámbitos relevantes en materia de publicidad activa (referente a altos cargos, contratos, puestos de trabajo, participaciones en el capital de sociedades mercantiles, bonificaciones fiscales del impuesto de sociedades, negocios jurídicos, urbanismo, campañas de publicidad, mejora del portal de transparencia y en relación a las sanciones).

Antich también ha indicado que el proyecto de ley se queda a medio camino en cuanto al principio de independencia porque con esta ley bastaría un solo grupo parlamentario para ratificar al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y además, la composición de la Comisión carece de pluralidad o exterioridad. En el sentido de que, básicamente, se compone de miembros de organismos a los que, o bien con el proyecto de ley o con futuras normas que mandata el proyecto o que debería mandatar, deben aplicarse controles de transparencia.

El buen funcionamiento de la futura ley de transparencia depende mucho del activismo de este organismo, de su voluntad de promover acciones que faciliten y obliguen a facilitar la transparencia. Y para ello, es imprescindible que, además de contar con las potestades necesarias, cuente con una sólida independencia para efectuar su trabajo respecto de quienes están sujetos a la norma.

El Grupo Socialista ha pedido una mayoría cualificada para ratificar al presidente y mayor pluralidad de la Comisión, "porque no se trata de instrumentos simplemente administrativos, estamos ante un órgano político que debe promover y salvaguardar el buen ejercicio de un derecho que, de tener base constitucional, debiera ser fundamental".

Francesc Antich ha advertido de que "o ponemos instrumentos que garanticen esta transparencia y la hagan real, desde la fortaleza y la independencia o se pueden pervertir las intenciones del texto y, entonces, la desconfianza de la gente seguirá aumentando".

Por otra parte, el senador ha indicado que a pesar de que el derecho desarrollado no pueda ser fundamental por falta de base constitucional, ésta no impide que los Recursos Contenciosos que se deriven de su ejercicio se tramiten por el mismo procedimiento rápido que se aplica a los derechos fundamentales. "Se trata de otra garantía más que tampoco se ha aceptado y que pueden suponer tardanzas que perviertan los objetivos de la petición de información". Además, Antich ha señalado que una visión moderna del buen gobierno no puede carecer de principios como la evaluación de políticas públicas, de la rendición de cuentas, y de la gobernanza.

Francesc Antich ha hecho hincapié en apoyar una legislación basada en "una cultura de evaluar las políticas y legislaciones, que atendiendo a sus resultados reales, permita corregir desviaciones o efectos no deseados. Una cultura de rendición de cuentas, imprescindible para reforzar nuestra democracia representativa, en la que creemos firmemente. Los tiempos exigen una participación más permanente de la gente y no solo una vez cada cuatro años. Y para ello, la política se ha de evaluar y ha de presentar resultados a la ciudadanía. Una cultura de gobernanza que promueva la colaboración y la lealtad entre administraciones o instituciones, imprescindible en un estado complejo, y muy conveniente que se extienda a la relación de éstas con la sociedad civil".

Por último, Antich se ha referido a una serie de enmiendas socialistas referidas a las lenguas cooficiales. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los populares hayan aceptado que la solicitud de informes en las administraciones públicas se pueda realizar en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio y ha lamentado, al mismo tiempo, que no se haya dado luz verde a la propuesta de modificación que permite que la respuesta de las instituciones sea en la lengua que solicite el demandante.