· Francesc Antich, promotor de esta iniciativa, muestra su satisfacción por el consenso alcanzado para que Patrimonio Nacional y el Ministerio de la Presidencia ejecuten el informe que ha elaborado la Abogacía del Estado y, por tanto, se puedan hacer las gestiones necesarias para exhumar estos restos

· Aboga por que se mantengan reuniones con la Iglesia “al más alto nivel”, con el fin de que la comunidad benedictina deje de “poner obstáculos” para que el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional adopten medidas “puramente preliminares”, para saber “en qué condiciones está el osario” y “qué obras tendrían que hacerse para poder llevar a cabo estas exhumaciones”, así como analizar el deterioro de los restos”

· Pese a la iniciativa aprobada, subraya que los socialistas defienden “un acuerdo mucho más integral” para el Valle de los Caídos”, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Expertos, e incide en la necesidad de “dar estabilidad a la Ley de Memoria Histórica” con una partida presupuestaria suficiente que haga posible la aplicación de dicha norma

La Comisión de Justicia del Senado aprobó, ayer tarde, por unanimidad, una enmienda transaccional a una moción redactada por el PSOE instando al Gobierno a la realización de exhumaciones en el cementerio público del Valle de los Caídos, en la Comunidad de Madrid.

La nueva redacción señala que la citada Comisión senatorial “muestra su total apoyo a Patrimonio Nacional y al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales con el fin de que, de acuerdo con los informes de la Abogacía del Estado, proceda a facilitar las exhumaciones que se soliciten por sus familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos”. Asimismo, “insta a Patrimonio Nacional y al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales a que continúen impulsando las iniciativas necesarias encaminadas a facilitar las exhumaciones que se soliciten por sus familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos”.

Al inicio de su intervención, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional y senador por les Illes Balears, Francesc Antich, promotor de esta iniciativa, mostró su satisfacción por el consenso alcanzado en torno a esta propuesta, “sin perjuicio” de que los socialistas defienden “un acuerdo mucho más integral” para el Valle de los Caídos, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, sobre el que tienen presentada otra iniciativa en la Comisión Constitucional.

Asimismo, el senador del PSOE subrayó que es conocida la posición de su grupo parlamentario sobre la necesidad de “dar estabilidad a la Ley de Memoria Histórica” con una partida presupuestaria suficiente que haga posible la aplicación de dicha norma y también la importancia de adecuar la Ley a los informes de la ONU, resolviendo deficiencias, como por ejemplo, “que exista una mayor responsabilidad del Estado en las exhumaciones, entre otros muchos temas, tal y como recogemos en la proposición de ley que tenemos presentada en el Congreso y que el Gobierno parece que ha vetado”. “Para buscar restos de las víctimas de la Guerra Civil no hay dinero y este Gobierno ha eliminado todas las ayudas y, en cambio. parece que sí lo hay para la repatriación de restos de participantes en la División Azul, según hemos podido saber recientemente”, criticó.

Francesc Antich explicó que la iniciativa socialista trata sobre las solicitudes actuales de las exhumaciones de restos cadavéricos en los osarios adyacentes a las capillas de la nave central y a las capillas de la nave del crucero de la Basílica del Valle de los Caídos. “Un lugar, ha precisado, que recientemente la Abogacía del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, a petición de informe de Patrimonio Nacional, ha calificado de cementerio público y no de cementerio de la Iglesia, sin que, por tanto, tenga condición de lugar sagrado ni les alcance para ello la garantía de la inviolabilidad.

Asimismo, subrayó que el citado Informe señala al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que para realizar exhumaciones se deberá recabar información sobre el estado del osario, debido al deterioro del lugar, así como solicitar informe forense sobre la identificación de los restos cadavéricos que se pretendan exhumar. En este punto, Antich puntualizó, que en el caso concreto que se detalla en la moción socialista sobre la exhumación de unos determinados restos cadavéricos, el auto que los autoriza señala que “deberá adecuarse al principio de proporcionalidad, imponiendo además que se garanticen toda una serie de medidas y que solo se procederá a la entrega de los restos una vez sean identificados por medio de la prueba del ADN”.

Recurso de la comunidad benedictina

El senador del PSOE hizo hincapié en la importancia del Informe de la Abogacía del Estado “porque abre camino al Estado para realizar este tipo de exhumaciones” y ha explicado que una vez puesto en marcha por Patrimonio Nacional y teniendo ya una fecha para realizar las actuaciones, éstas han sido paralizadas por una medida cautelar derivada de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por parte de la comunidad benedictina, responsables de la Basílica, por los posibles daños a la misma, en el caso de realizarse estas obras. “Un recurso que, al parecer, responde a una cierta militancia de la abadía en contra de la aplicación de la Memoria Histórica”, criticó.

Tras lo apuntado, Francesc Antich defendió que la moción socialista venía a dar apoyo al Ministerio de la Presidencia y a Patrimonio Nacional “con el fin de que lleven a término todas y cada una de las actuaciones y gestiones necesarias para aplicar el Informe que se ha hecho por la Abogacía del Estado” y abogó por que se mantengan reuniones con la Iglesia “al más alto nivel”, con el fin de que la comunidad benedictina deje de “poner obstáculos” para que el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional adopten medidas “puramente preliminares” para saber “en qué condiciones está el osario” y “qué obras tendrían que hacerse para poder llevar a cabo estas exhumaciones”, así como analizar el deterioro de los restos.

“Lo que pedimos es que la administración –y esto es lo que pide la enmienda transaccional-, Patrimonio Nacional y el Ministerio de la Presidencia, ejecuten el informe que ha elaborado la Abogacía del Estado y, por tanto, se puedan hacer las gestiones necesarias para exhumar estos restos”, reclamó. En este punto, aprovechó la ocasión que le brindaba este debate para reclamar que sea el Ministerio de la Presidencia y no el de Justicia el que se responsabilice de todo lo relativo a la Memoria Histórica “porque se trata de una materia muy transversal” que necesita que se le dé “la importancia que tiene”.

Finalmente, el senador balear también mostró su preocupación por que “parece ilógico que la Iglesia esté en contra de que unos familiares puedan recuperar sus restos -que hay que recordar- fueron depositados allí sin ningún consentimiento de la familia, al objeto de poder darles una sepultura digna”. “Por tanto, creemos que es bueno este acuerdo, que es bueno que el Ministerio de la Presidencia esté implicado en este tema, al ser un ministerio que coordina las políticas importantes del Gobierno”, concluyó.