El secretario federal de Política Municipal, Gaspar Zarrías, explica que esta ley traerá gran incertidumbre y dejará muchas decisiones hoy tomadas en la isla en manos del Govern.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuya aprobación definitiva se prevé para el 19 de diciembre, rige la vida de los municipios de toda España y de su habitantes. Sus consecuencias son múltiples para todos los municipios, y especialmente duras para la isla de Formentera. Así lo ha explicado Gaspar Zarrías, el Secretario Federal de Política Municipal del Partido Socialista, en un acto abierto a la ciudadanía de Formentera.

En primer lugar, esta ley ni si quiera contempla la singularidad que otorga a Formentera el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares como Ayuntamiento-Consell insular, dejándola en una situación de incertidumbre. Muchas decisiones en áreas tan importantes como los servicios sociales, la gestión de residuos, la gestión del ciclo integral del agua o la pavimentación de las calles, pueden quedar, por ello, en manos de la Comunidad Autónoma.

Zarrías ha recordado que los ayuntamientos son los organismos de gestión más cercanos a los ciudadanos, cuyos representantes lo son por elección directa para resolver y gestionar el día a día de sus ciudadanos.

Con esta ley, "el Partido Popular pretende, entre otras cosas, restar capacidad de gestión al 95% de los ayuntamientos, los que tienen menos de 20.000 habitantes, con el fin de recortar 8.000 millones de euros que saldrán, como nos tiene acostumbrados el Partido Popular, de la pérdida de calidad mediante privatización o supresión de servicios, o de la merma en las condiciones de trabajo de los profesionales que prestan estos servicios", ha explicado Zarrías. Ha apuntado que "un ejemplo de esto ya lo estamos viendo en la Sanidad, Educación o en el Ayuntamiento de Madrid".

Esta ley no clarifica las competencias, no evita duplicidades y da entrada a la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos, vaciando de contenido los ayuntamientos y restando competencias a los alcaldes.

Es una ley que no está pensada para resolver las dificultades de los ciudadanos. Hará que los servicios sean más caros, menos eficientes y menos eficaces y conllevará la pérdida de 200.000 puestos de trabajo de personal laboral.

Además, con la excusa de racionalizar la Administración Local, el PP creará en algunos casos otros organismos intermedios entre diputaciones y ayuntamientos, lo que supone una contradicción con la justificación que nos quieren trasladar. "El PP tiene en contra a todo el arco parlamentario", ha explicado Zarrías.

El Partido Socialista, que tiene en sus genética una clara vocación municipal, se opone frontalmente a esta ley, que pretende también restar democracia y participación. "Son miles las personas que representan a sus ciudadanos en sus ayuntamientos sin recibir ningún tipo de contra prestación económica, trabajando desinteresadamente por su conciudadanos".

Esta ley es otro recorte a los derechos de los ciudadanos, uno más que se suma a los ya realizados por el Partido Popular en los dos años de legislatura que lleva Rajoy.

"Si el PP insiste en aprobar esta ley en solitario, sin contar ni con los ciudadanos ni con otras fuerzas políticas, y en contra de lo que opinan algunos de sus alcaldes, el Partido Socialista recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional y claramente derogará esta ley en cuanto gobierne", ha anunciado Zarrías.