Apartamentos Don Pepe: Compromiso Socialista en favor de las familias afectadas Nos encontramos ante un drama social que afecta a medio centenar de familias del municipio de Sant Josep de sa Talaia, que se han encontrado ante una situación que no esperaban. Los apartamentos Don Pepe son uno de los peores ejemplos del coste que tiene el urbanismo salvaje y el descontrol de otras etapas que ha habido en nuestra isla. Con una única licencia se hicieron dos edificios. Con el tiempo los pisos han cambiado muchas veces de manos y los responsables de todo esto hace tiempo que salieron del medio. Inmobiliarias, bancos, tasadores, intermediarios, todo el mundo hacía negocio mientras los pisos se iban deteriorando. Al final quién paga las consecuencias son personas humildes y trabajadoras. El edificio A ha llegado al final de su vida útil. El agotamiento de los materiales constructivos ha hecho que pierdan toda su integridad y consistencia, el hierro de las vigas se desintegra y el hormigón se deshace solo rascándolo. El peligro estructural es elevadísimo, tanto que en cualquier momento podría colapsar, como han diagnosticado los arquitectos que han analizado la construcción por encargo del Ayuntamiento de Sant Josep. Conscientes de que son familias en dificultades, el equipo de gobierno de Sant Josep se ha comprometido a no dejarlas abandonadas. Se han movilizado recursos extraordinarios para acoger con dignidad a las personas que tendrán que salir de sus casas. Además de todo esto, los servicios sociales municipales las ayudarán a recuperar cuando antes la normalidad, como ya hicieron el año pasado con las primeras dos escalas del edificio. De las 20 familias afectadas, 18 aceptaron su ayuda y en dos meses ya vivían en otros pisos. El reto que ahora se presenta es todavía más grande. Son 30 familias las que necesitan una salida. Las que el día de hoy solo sienten enojo y buscan un culpable que no existe. Solo podemos mostrar nuestra comprensión por todos ellos y ellas, aceptar su dolor y seguir trabajando para que el trance les sea lo más leve posible. El Ayuntamiento de Sant Josep ha afrontado el reto de ayudar a todas estas familias con todo lo que está a su alcance. Fue el edificio quien dio señales de que en cualquier momento podría colapsar. Y sin aviso. El Ayuntamiento no podía ignorar estas señales. Es justo esto lo que pasó hace alrededor de un año, cuando por la noche se desprendió un gran segmento del techo de una habitación, una gran pieza de dos metros de largo por 80 centímetros de ancho. Rápidamente, se desalojó por precaución toda aquella primera escalera y entraron los técnicos municipales para evaluar el estado del edificio. Las primeras conclusiones eran preocupantes, pero hacía falta que el edificio fuera examinado por expertos en estructuras. El Ayuntamiento buscó los mejores de la isla, que ordenaron el apuntalamiento de la primera escalera del edificio ante los indicios alarmantes de que todo el edificio peligraba. Después de hacer una revisión exhaustiva entregaron un informe muy completo que ha hecho saltar las alarmas: la proximidad al mar, el deficiente mantenimiento y las obras que se han hecho sin ninguna supervisión, además de los años, han llevado al final de su vida útil un bloque malhecho desde los cimientos. Por ejemplo, como la junta de dilatación está mal ejecutada, toda la estructura del edificio responde como una unidad -y podría caer como un castillo de naipes-, entre otras irregularidades. La presencia de cantos rodados en la cimentación es otra. Los expertos externos contratados por el Ayuntamiento están convencidos, por el que han visto, que el mal que sufre se ha extendido por todo. Las fachadas indican que los forjados han reventado por la carbonatación. Su informe confirma que el apuntalado de la primera escalera ha evitado de momento el colapso del edificio. Es el Ayuntamiento quien ha pagado este apuntalado, con un coste de 250.000 euros. Los propietarios aseguran que hace años que esperan un permiso para reparar el edificio A. En el Ayuntamiento solo le consta un intento, un proyecto que se presenta el 2018 y que no va más allá de rebozar las fachadas y repintar, con un presupuesto que no llega a los 100.000 euros por los dos edificios. Una capa de maquillaje para darle mejor color a un paciente terminal. El proyecto se deniega porque los servicios jurídicos municipales consideran que no se puede hacer ni esto en un edificio fuera de ordenación. A los vecinos les queda la opción de recurrir a la justicia. Y de hecho Sant Josep se compromete en una reunión con todos y todas a no recurrrir si un juez dice que se les tiene que dar la licencia. Pero la comunidad de propietarios se conforma con la denegación administrativa. Tampoco presentan el proyecto de rehabilitación integral que se les pide en aquel encuentro. Ni del bloque A ni del B, que hay indicios que puede estar igual. El hecho de que el edificio esté fuera de ordenación reduce todavía más las opciones. La normativa busca que nadie se beneficie de haberse saltado las leyes. Así, se condena las construcciones fuera de ordenación a que se vayan deteriorando, pero no impide que se puedan usar mientras todavía sean habitables. Por eso a los vecinos se les recoge la basura o se ha arreglado el camino que llega. Y todos estos servicios los han tenido que pagar con impuestos, como el resto de vecinos del municipio. Los técnicos municipales dicen que para salvar este primer bloque hace falta una reconstrucción completa. Es lo que se define como ruina económica de un edificio: cuando repararlo cuesta más de la mitad de lo que vale el edificio. Pero a los Don Pepe se dan también las otras dos razones que obligan a declarar la ruina: urbanística -las actuaciones necesarias para repararlo no se pueden autorizar porque el edificio incumple la normativa vigente- y técnica, que es la que obliga a desalojar hace un año dos escaleras y en unos días al resto: el edificio es un peligro para las familias y personas que viven allí. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? El Ayuntamiento de Sant Josep ha consultado el resto de administraciones, que coinciden en el hecho que no hay otra opción que la declaración de ruina. El mismo Consell Insular (PP-Cs) ha confirmado en su informe que no se puede dar licencia de reconstrucción completa. Incluso un informe que presenta la comunidad de propietarios reconoce que el edificio A ha perdido la habitabilidad. Se evalúan otras opciones, pero ninguna es aplicable: una permuta es inviable legalmente y tampoco pueden tener preferencia en la hora de optar a una vivienda de protección oficial, por ejemplo. Descartadas todas las alternativas, la única opción viable es intentar la compra del terreno para hacer un esponjamiento ambiental. En este caso el equipo de gobierno ha considerado el beneficio social que puede representar para toda la ciudadanía de Sant Josep y de la isla (por eso se invita a colaborar en la operación al resto de administraciones). Cómo en este caso el edificio está dentro del Parque Natural de ses Salines, la compra está perfectamente justificada, para devolver el terreno en su estado previo, porque es una de las posibilidades que prevé la regulación del parque. Solo así se ha podido hacer una tasación del terreno, encargada a un experto externo, que da un valor próximo a los 2 millones de euros por toda la superficie que ocupa el bloque A de los Don Pepe. Es una oferta de compra, no una compensación ni una expropiación, y los propietarios pueden o no aceptarla. Pero para cerrar el trato hará falta que los propietarios de los 50 apartamentos (algunos tienen más de uno) estén de acuerdo, porque el Ayuntamiento no puede hacer un esponjamiento parcial, tiene que adquirir toda la finca. Tampoco es una cantidad que se pueda negociar, es la que propone un perito independiente. Se puede aportar otra, siempre que esté muy conversada y se ajuste a derecho. El Ayuntamiento no puede revisar su oferta de ninguna manera. Si se cierra la operación, el Ayuntamiento asumirá también el derribo, estimado en otro millón de euros. Recapitulemos: El día de hoy, el Ayuntamiento de Sant Josep ya ha pagado 250.000 euros por el apuntalado de la primera escalera y los sondeos. Otros 50.000 euros por el alojamiento temporal de las familias de las dos escaleras y otros 15.000 para ayudar a reinstalarse en otros hogares a las 18 que lo pidieron. Por las 30 familias que ahora tendrán que salir del edificio se ha hecho una estimación de 140.000 euros más por el alojamiento provisional de dos meses en unos apartamentos dotados de lo necesario para su comodidad. Si se acuerda el esponjamiento la cifra total destinada a gestionar esta crisis llegará a los 3,5 millones de euros, aportados íntegramente por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Compromiso del PSOE El Gobierno municipal de Sant Josep se ha comprometido a no dejar a nadie atrás. Por eso se ha esforzado a dar una salida digna a la gestión de una crisis sin precedentes en este municipio. Un gobierno de izquierdas se preocupa por las personas, porque no queden desamparadas, y por eso ha buscado debajo de las piedras hasta que ha encontrado la solución propuesta. Les ha podido presentar una oferta con la cual, además, puedan recibir algún dinero que, ni mucho menos, compensará lo que han perdido en los Don Pepe, pero que les ayudará a rehacer su vida. Con todo el apoyo del Ayuntamiento y los profesionales que desde todos los departamentos están trabajando para ayudarlos. La Administración municipal tiene que velar por la seguridad de los edificios. Son los propietarios quienes tienen que aportar los informes que avalen la habitabilidad de un inmueble, las llamadas ITE. El Ayuntamiento actuó de emergencia en los Don Pepe y, en atención a la falta de recursos de los vecinos, asumió con sus fondos tanto el apuntalamiento como los informes sobre la seguridad de los pisos. La comunidad de propietarios no ha presentado ningún informe en sentido contrario a los que dictaminan que el edificio no es seguro. La única causa abierta es a instancia del Ayuntamiento, para poder acceder a parte de los pisos desalojados para examinar su seguridad. Ante un peligro inminente, el Ayuntamiento tiene que proporcionar un alojamiento de emergencia, pero atendida la vulnerabilidad de las familias, en este caso se buscaron apartamentos con unas condiciones mínimas, previendo estancias más largas. El oportunismo y demagogia del PP El Partido Popular está utilizando el drama de estas personas para hacer oposición al gobierno de Sant Josep, y para hacerlo no ha dudado al manipular la realidad, decir falsedades y engañar a la ciudadanía. Es vergonzoso que afirmen que el Ayuntamiento se ha desentendido de las familias del Don Pepe, cuando es todo lo contrario. Cómo se ha explicado, el Ayuntamiento ha sido quién ha actuado ante un peligro real de colapso del edificio y que ha hecho los posibles y los imposibles para encontrar la mejor salida en la situación personal de estas familias. El PP utiliza toda su demagogia afirmando que el Ayuntamiento sí que podía dar licencia de rehabilitación integral del edificio, afirmación que es rotundamente falsa, como confirma el mismo informe elaborado por el Consell Insular, gobernado por su mismo partido. Pero la gran “propuesta” que hace el PP es la de “modificar la Ley” para que los propietarios del Don Pepe puedan rehabilitar el edificio: se trata de una posibilidad rocambolesca, que ellos mismos saben que es absolutamente inviable. Las leyes balear y estatal son muy restrictivas con las construcciones fuera de ordenación, buscando que no haya un beneficio, ni siquiera indirecto, para los que no respetan las reglas. Y el caso del edificio A de los Don Pepe es donde la norma es más restrictiva, porque ni siquiera se construyó legalmente (no tiene licencia). El equipo de gobierno municipal aplica el criterio de los técnicos, como no puede ser de otro modo, y estos no consideran que se pueda autorizar ninguna intervención en el edificio. El Ayuntamiento no hace las leyes, pero las tiene que aplicar según las entienden los profesionales de la casa en una cuestión totalmente técnica en la que coinciden los informes de administraciones gobernadas por distintos colores políticos. Así lo han visto la mayoría de partidos, que en un gesto de lealtad han apoyado al equipo de gobierno en la complicada gestión de esta situación. Hay quién ha preferido jugar al oportunismo y como única solución propone que para salvar los Don Pepe se tiene que premiar a todos los que se han saltado las normas. Ni el PP discute que el edificio es un peligro, pero proponen cambiar la ley para que se pueda arreglar. Y de cualquier otra edificación fuera de ordenación. Para ellos, basta solo con copiar la normativa catalana. Olvidan intencionadamente que esta normativa deja fuera expresamente las construcciones en suelo protegido. Precisamente el caso de los Don Pepe. El proceso de declaración de ruina dará seguridad jurídica a los afectados. Pueden alegar en contra y, llegado el caso, llevarlo a los juzgados para conseguir que les dé la razón. Si es así, el equipo de gobierno se alegrará por ellos. Mientras esto no pase, el gobierno no puede hacer más que seguir lo que dicen sus técnicos. Si se llega a declarar la ruina, muchos de ellos dejarán de pagar las hipotecas que todavía tienen ni otras cargas como el IBI, alcantarillado… Las personas, primero Desde la FSE-PSOE sentimos un enorme orgullo de nuestros compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, con el alcalde, Ángel Luis Guerrero, al frente, que han afrontado la crisis del Don Pepe con el máximo esfuerzo y dedicación con el objetivo de ayudar a estas personas lo máximo posible. Antes que nada, garantizando la seguridad de todos ellos y ellas actuando rápidamente ante el peligro de colapso del edificio. Y, al mismo tiempo, ofreciéndoles todo el apoyo social, de alojamiento temporal y que puedan recibir un dinero por la venta de los terrenos. Sabemos que los afectados y las afectadas consideran que la administración pública puede ir más allá, y que la ayuda que están recibiendo es insuficiente. Entendemos su angustia. Desde el PSOE sólo podemos afirmar, con toda sinceridad, que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos y que, si estamos aquí, es por nuestro compromiso socialista de trabajar en favor de las personas que más lo necesitan.