El PSOE de Sant Antoni recurre la creación irregular de las plazas de asesores de Ciudadanos y PxE

La Agrupación Socialista de Sant Antoni de Portmany ha presentado un recurso de reposición contra la creación irregular de las plazas de asesor de Ciudadanos y PxE, aprobada por el nuevo gobierno municipal de Marcos Serra. Como recoje el recurso (adjuntamos documento), la creación de las plazas de personal eventual denominadas “asesor grupo político Ciudadanos“ y “asesor grupo político Proposta Per Eivissa”, que tienen una retribución anual de 29.554,89 euros en 14 pagas, se realizó de forma irregular, ya que incumple la Ley 3/2007, de la Función Pública de la comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La aprobación de la citadas plazas, que tuvo lugar en el Pleno del pasado 31 de julio, se realizó omitiendo el trámite de creación y aprobación de la correspondiente ficha de la Relación de los Puestos de Trabajo, requisito establecido en la citada Ley 3/2007.
El secretario general del PSOE de Sant Antoni y concejal en el ayuntamiento, Antonio Lorenzo, ha advertido que las plazas de asesor de los grupos Ciudadanos y PxE “son nulas de pleno derecho”, ya que “incumplen la Ley de Función Pública”.
“Es sorprendente que después de lo incisivos que fueron la legislatura pasada con la creación de la plaza de director técnico de seguridad, ahora se olviden totalmente de cómo funciona el procedimiento”.
El secretario general socialista recuerda que “los juzgados nos dieron la razón, dejando patente la obligatoriedad de crear la correspondiente ficha de la Relación de Puestos de Trabajo”. Por contra, “ahora que gobierna, al PP de Sant Antoni parece que se les ha olvidado lo que dice la ley”.
A través del recurso de reposición, el PSOE de Sant Antoni pide que se tengan por admitidas presentes alegaciones y que no se eleve a definitivo el acuerdo aprobado en sesión plenaria de 31 de julio de 2019, por el que se crean las dos plazas denominadas “asesor grupo político” por ser contrario al marco jurídico de la Comunidad Autónoma de Illes Balears en materia de Función Pública.