El PSOE defiende las medidas de protección del territorio frente a las políticas “devastadoras y de licencias exprés del PP”, que solo enriquecen a unos pocos

La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) quiere manifestar públicamente su defensa de las medidas de protección del territorio, aprobadas por los diferentes gobiernos progresistas de las Illes Balears en el últimos años. La sentencia conocida hoy sobre las parcelas de Benirràs, entre las cuales hay las licencias otorgadas en 2007 por el Ayuntamiento de Sant Joan, confirma que las políticas del PP de desprotección y de licencias exprés solo sirven para que unos pocos se enriquezcan, a expensas del conjunto de la ciudadanía.

Una protección que “ha tenido y tiene un coste económico que se ha disparado, precisamente, por la irresponsabilidad de Partido Popular de dar licencias exprés”, ha manifestado la portavoz de la Federación Socialista de Eivissa, Pilar Costa. “Es una lástima que en pleno siglo 21 el Partido Popular vuelva al pasado en su política más devastadora hacia nuestro territorio”, ha lamentado.

El PSOE remarca que la sentencia no fija las cuantías de las indemnizaciones y que el procedimiento tanto judicial como administrativo continúa abierto. Eso sí, la sentencia es una noticia mala para el conjunto de la ciudadanía, porque los esfuerzos en la protección territorial se han visto perjudicados, como tantas otras veces, por culpa de un Partido Popular que siempre ha legislado y ha actuado para ayudar los especuladores, lo que acaba costando muy caro al conjunto de la ciudadanía.

Pilar Costa, ha puesto otros ejemplos, recordando que “si no hubiéramos gobernado los progresistas, si no hubiera habido la presión social y el trabajo que han hecho los grupos ecologistas, en estos momentos no estarían protegidos ni Cala d’Hort ni ses Salines”, puesto que “el Partido Popular siempre había defendido la edificación de todos estos espacios de protección”.

El origen de la sentencia es la situación de los suelos urbanos de Benirràs y de unas licencias urbanísticas concedidas en cuestión de horas por el Ayuntamiento de Sant Joan el 2007, cuando se filtró a través de los medios de comunicación la inminente aprobación de una moratoria para la protección de Benirràs por parte del gobierno balear progresista. Una actuación nunca vista antes en aquel ayuntamiento, puesto que lo más habitual es que las licencias de construcción tardaran meses a concederse.

Posteriormente, con la normativa urbanística del gobierno del PP de José Ramón Bauzá, aquellos terrenos recuperaron la posibilidad de urbanizarse, hecho que quedó descartado definitivamente el 2017, gracias, de nuevo al gobierno progresista de las Illes Balears.

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