Sant Josep insta al Consell Insular a pronunciarse sobre la situación urbanística de los Don Pepe. Josep Marí Ribas reclama participación en la gestión del servicio insular de Bomberos.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia instará a través de un acuerdo de plenario al Consell d’Eivissa a asumir sus competencias y obligaciones como asesor de los ayuntamientos en materia urbanística y a pronunciarse sobre la situación de los apartamentos Don Pepe, en la playa des Codolar. El equipo de gobierno lamenta que la máxima institución ha tardado dos meses en contestar la consulta formulada por los servicios urbanísticos municipales con una respuesta cualificada de «muy insatisfactoria» desde el equipo de gobierno de Sant Josep, donde el Consell se escuda en informaciones publicadas en la prensa para rehuir pronunciarse en ningún sentido.

El equipo de gobierno considera que «carece de todo rigor» la contestación recibida, donde se conversa que según las informaciones que han visto en prensa, se ha llegado a la conclusión de que el caso ya está resuelto en la vía administrativa, una respuesta «poco seria» que ha recibido el Ayuntamiento con la firma del conseller insular de Territorio.

En este escrito la Corporación responderá recordando que la forma de comunicarse entre administraciones es por la vía del registro de entrada y, si se consulta el del Consell, no encontrarán ninguna renuncia de Sant Josep a aclarar la complicada situación urbanística de los Don Pepe, de la que depende el futuro de este inmueble.

«Llama clamorosamente la atención» que una consulta técnica se dé por ventilada según lo que se reproduce en un medio, tanto se vale si estas informaciones son fieles o no a los hechos. En este caso, además, con la agravante que la cuestión no ha sido judicializada, ni se puede entender que así haya sido por lo que se ha publicado del caso.

El Ayuntamiento de Sant Josep pidió a los servicios urbanísticos insulares que se pronunciaran tanto sobre la legalidad de las edificaciones como sobre la posibilidad de conceder licencias sobre los dos bloques. Esta cuestión es motivo de preocupación tanto por las decenas de familias que viven como por el equipo de gobierno y los servicios municipales de Urbanismo. «Si es que hay una salida al hecho que al menos uno de los bloques se encuentra fuera de ordenación, los técnicos de esta casa no la ven. Y es en esta tarea donde se requirió la asistencia jurídica del Consell», como tiene asignado entre sus competencias, ha recordado el alcalde, Josep Marí Ribas.

De hecho, la denegación del asesoramiento que se pide en este caso vulnera, en opinión del equipo de gobierno, lo previsto en materia de colaboración entre administraciones públicas, tal y como establece la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Así, la duda que mantienen los técnicos municipales y que motivaron en su momento la consulta siguen estando plenamente vigentes y requiere una respuesta seria por parte de quien la recibe. Bien al contrario de lo que ha respondido el Consell, su pronunciamiento sigue siendo pertinente. Es por eso que el Ayuntamiento reiterará esta consulta en este caso acompañada del aval del plenario municipal.

Así, se quiere ofrecer al resto de grupos la posibilidad de adherirse a una petición de asesoramiento en una cuestión en la que el resto de fuerzas han compartido la preocupación del equipo de gobierno. De hecho, todas ellas han sido informadas de la evolución del caso y han mostrado su apoyo a la actuación municipal en la protección de las personas afectadas por la situación de peligro inminente en que se encuentra como mínimo una de las edificaciones.

Sant Josep pide que antes de firmar el convenio para que los municipios asuman el coste del servicio de bomberos del Consell se propongan fórmulas de participación también con la toma de decisiones
El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia quiere participar en las decisiones que se tomen en el servicio de bomberos, que hoy dependen del Consell d’Eivissa, y no solo asumir la parte proporcional del coste del servicio, tal como plantea la institución insular a los ayuntamientos de la isla. Además de esta condición, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, ha pedido a la consellera de Cooperación Municipal y Promoción Económica, María Fajarnés, que explique el convenio que propone el Consell para aclarar las dudas jurídicas que plantea a los técnicos municipales. Fajarnés ha participado esta mañana en una reunión de trabajo con el alcalde, los regidores de Medio Ambiente, Mónica Fernández; Promoción Económica, Pilar Ribas; Hacienda y Turismo, Vicent Roselló.

«El Ayuntamiento tiene que poder intervenir a la vez de decidir, por ejemplo, la ubicación donde se tendría que hacer un subparque que cubra la zona sur de la isla para reducir el tiempo de reacción desde el parque actual, situado en Sant Antoni», ha añadido Marí Ribas.

La consellera ha explicado que ratificar este convenio del servicio de bomberos es el paso previo a que los ayuntamientos reciban las subvenciones para los proyectos incluido el denominado Pla5. Con la liberación de la regla de gasto decretada por el Gobierno Central, el Consell reactiva ahora este plan. En este sentido, Fajarnés ha ofrecido la posibilidad de añadir nuevos proyectos a las inversiones que se presentaron en su día, la mayoría de las cuales ya están en marcha o acabadas, en el caso de Sant Josep, según ha explicado el regidor Vicent Roselló.

El alcalde ha valorado el apoyo a las inversiones locales que supondrá el Plan de Reactivación Económica del Gobierno, con 6,3 millones de euros aportados a partes iguales por el ejecutivo balear, el Consell y los ayuntamientos, y que desde Sant Josep se quiere que se repartan a través de una línea de ayudas específica.
En el encuentro con la consellera al cargo de la colaboración con los ayuntamientos Marí Ribas ha reiterado la demanda de un pronunciamiento de los servicios urbanísticos del Consell en torno a la situación de los apartamentos Don Pepe, señalando que «nos hace falta su asesoramiento para aclarar la controversia en torno a si es posible o no otorgar licencia para hacer su urgente reparación».

El alcalde también ha entregado a Fajarnés copia de los escritos al Consell en que se pide, entre otras actuaciones, el desbloqueo del proyecto de un nuevo sendero en el Parque Natural de ses Salines, que incluye el soterramiento de 4 kilómetros de tendidos aéreos y que se tenía que financiar con 1,8 millones provenientes de los fondos estatutarios. «Este proyecto iniciado en la legislatura pasada está hoy en peligro solo por la negativa del Consell a pagar el canon de ocupación de Costas, unos 6.000 euros», ha recordado Marí Ribas, entre otras peticiones que ha reiterado a la consellera.